El control urbano es una de las funciones públicas primordiales para asegurar la gobernanza de las ciudades y fomentar una cultura de la legalidad que apunta al “derecho a la ciudad para todos”.
ONU-Habitat Colombia
Enero 8, 2019
Por Roberto Lippi - Coordinador ONU-Habitat para los Países Andinos
La buena calidad de la legislación y su concreta aplicación, en términos de control y vigilancia, son elementos fundamentales para cumplir con los propósitos de la Nueva Agenda Urbana y evitar el surgimiento de conflictos sociales y de procesos de marginalización, que se traducen en fenómenos de inequidad y exclusión.
Para que haya un efectivo (y equitativo) control de la calidad del entramado urbano – clave para la sostenibilidad social, económica y ambiental de las ciudades – no basta con que haya un sistema institucional y normativo claro y trasparente, que regule el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio, es preciso asegurar el cabal cumplimiento de las normas urbanas con tareas de control y vigilancia efectivas y no permeadas por intereses particulares que obstaculizan la prevalencia del bien común. Es necesario, además, que la acción pública sea complementada con una exigente conciencia ciudadana y una capacidad de control social sobre lo que ocurre en los entornos urbanos y periurbanos.
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU- Habitat) ha podido corroborar que la “porosidad” de los sistemas jurídicos y la escasa eficacia de las tareas de control urbano se encuentran entre los obstáculos que frenan las iniciativas de trasformación urbana más innovadoras y estructurales.
El análisis de la calidad y pertinencia de la norma urbana lleva a afirmar que “muchas ciudades están sobrecargadas con leyes no acordes con la realidad urbana y que, a menudo, carecen de capacidad para ejecutarlas”.
La multiplicidad y rigidez de las regulaciones estimula en muchos casos el recurso a rutas informales para conducir transacciones de suelo y propiedad, llevar a cabo negocios e incluso acceder a servicios básicos, impulsando de hecho sistemas paralelos e informalidad jurídica urbana”.
Solo una legislación urbana “basada en los derechos” y en su efectivo cumplimiento permite promover la participación y asegurar el compromiso de los habitantes urbanos con las decisiones de desarrollo y los resultados de la planificación que afectan sus vidas diarias.
Entendiendo la importancia de fortalecer y mejorar el control urbano en las ciudades de Colombia, como base para alcanzar los objetivos plasmados en la Nueva Agenda Urbana, ONU-Habitat está apoyando a las Instituciones nacionales colombianas en identificar cuellos de botella y áreas de mejora para ejercer de forma más efectiva y participativa las facultades que poseen las autoridades para “diseñar, ejecutar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico que regula el desarrollo de la estructura de la ciudad”.
En este marco, junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Procuraduría General de la Nación y algunas instituciones locales, se ha analizado la función de control urbano desde cinco dimensiones, esenciales para la formulación de recomendaciones de política pública:
- La base regulatoria y normativa, que organiza el desarrollo urbano en materias como el ordenamiento territorial
- Las funciones y competencias de las entidades territoriales
- La gestión ambiental y de riesgo, el licenciamiento y las normas de edificabilidad, etc.
- La gestión administrativa, que hace referencia a la capacidad institucional (fundamentalmente preventiva) de la administración, a sistemas confiables de recolección y procesamiento de información, a los recursos económicos, tecnológicos y operativos necesarios y a los procedimientos en la interacción con los ciudadanos y los desarrolladores.
- Las funciones de justicia y de control y vigilancia, encaminadas a hacer cumplir la ley y a sancionar a quienes la violan (particulares y/o servidores públicos).
La cultura de legalidad por parte de los desarrolladores y de los ciudadanos, fundamental para el acatamiento de las normas y el autocontrol de la actividad privada que involucra al interés general. El control social, que deben realizar los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios para que la actividad urbanística no afecte nocivamente el interés general o los intereses legítimos de terceros.
Como resultado de este amplio proceso de análisis multidimensional se han identificado algunos nudos críticos, así como algunas prácticas que pueden servir de ejemplo para mejorar la respuesta de la administración pública y de la ciudadanía en esta materia.
En particular, ha sido evidenciado que para mejorar el control y la vigilancia urbana se requiere en primera instancia de una manifiesta voluntad política y de un diseño institucional con competencias claras (para cada una de las instancias del control) y recursos suficientes para ejercer con altura esta función.
Asimismo, los sistemas de información deben mejorar sustantivamente, articulando la planificación y el ordenamiento territorial con los sucesivos procesos de monitoreo y vigilancia de las licencias de construcción, así como de las acciones de construcción informal que ocurren en el territorio.
Finalmente, el empoderamiento de la ciudadanía para ejercer un efectivo control social es elemento cardinal para facilitar las funciones de vigilancia del territorio. Sin embargo, esto debe canalizarse en procedimientos e instrumentos efectivos para que la ciudadanía tenga acceso a las informaciones, alerte a la administración y pueda hacer seguimiento a las acciones por esta adoptadas.
De especial relevancia para asegurar la articulación entre la administración pública (local y central) y la ciudadanía es fortalecer las capacidades en materia preventiva del Ministerio Público en tema de control urbano.
En el caso de Colombia en particular, es de desatacar el rol que pueden jugar las Personerías Municipales, cuyo papel constitucional es garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y cumplir, además, con una función preventiva y sancionatoria en la conducta oficial de los servidores públicos.
Seminario Internacional “El Control Urbanístico y La Nueva Agenda Urbana – Instrumentos para una mejor gobernanza de las ciudades y la transparencia de la gestión pública”, en Medellín.
Considerando la relevancia del tema, se ha realizado en las últimas semanas el Seminario Internacional “El Control Urbanístico y La Nueva Agenda Urbana – Instrumentos para una mejor gobernanza de las ciudades y la transparencia de la gestión pública”, en Medellín el 28 y 29 de noviembre, organizado por ONU- Habitat, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Personería de Medellín.
Este evento congregó a expertos nacionales e internacionales que hicieron un intercambio de prácticas latinoamericanas sobre control urbano, donde estuvo presente el personero de la ciudad Guillermo Durán. Este hizo referencia a la intensificación de la labor que ejerce la personería en la vigilancia y verificación de los procesos de desarrollo urbano y gestión de las construcciones que se realizan en la metrópoli colombiana.
Esta función ha sido intensificada desde 2014 a raíz de la tragedia del Edificio Space, que se desplomó por una cadena de errores en su diseño y construcción y evidentes fallas de control urbano.
El personero argumentó que “el modelo de vigilancia preventiva se está realizando con el propósito de que la personería genere recomendaciones, observaciones y exigencias a la administración municipal, previniendo la consumación de conductas irregulares que pudiesen vulnerar el ordenamiento jurídico o el patrimonio público”.
Asimismo, el Personero hizo un llamado a las comunidades para que se animen a señalar posibles irregularidades en temas de desarrollo urbano, asegurando que la participación de la gente es una de las claves para que el crecimiento urbano realmente beneficie a los ciudadanos.
El caso de Colombia no es aislado. Toda la región Andina y probablemente Latinoamericana necesita incluir en su agenda de desarrollo urbano una renovada atención al fortalecimiento del control urbanístico como un gran pacto entre instituciones públicas y ciudadanos, en pro de ciudades más sostenibles, justas y equitativas, en donde no se deje “a nadie ni a ningún lugar atrás”.
